Perú a 759 votos: por qué la oportunidad en defensa no espera a la proclamación

El 7 de junio de 2026, Perú celebró el balotaje más ajustado de su historia democrática. Con el 98,2% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales separa a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez por 759 votos: 50,002% frente a 49,998%, sobre más de dieciocho millones de votos válidos. Para dimensionarlo, en 2021 Pedro Castillo se impuso a la propia Fujimori por unos 44.000 votos, y ya entonces se habló de un resultado excepcionalmente estrecho. El margen actual es dos órdenes de magnitud inferior. La decisión final no la dará la ONPE, sino el Jurado Nacional de Elecciones, tras resolver alrededor de 1.600 actas observadas. Proclamación firme prevista para mediados de julio; investidura, el 28 de julio.

Es el escenario que paraliza a quien improvisa. Y conviene señalar, precisamente por eso, el frente que decidirá quién aprovecha el momento y quién lo deja pasar.

Dos planos que conviene no confundir

Hay un primer plano, el de la coyuntura: quién gana, por cuántos votos, con qué legitimidad. Y hay un segundo, el de la estructura: qué dinámicas de Estado siguen su curso al margen del nombre que ocupe el Palacio de Gobierno. En defensa, ese segundo plano tiene una fuerza que el ciclo político no suele doblegar. Y hay un caso reciente que lo demuestra mejor que cualquier análisis.

El caso F-16: cuando la decisión de Estado se impone al gobierno de turno

En  febrero de 2026, tras un proceso de evaluación de dos años, Perú adjudicó la mayor adquisición militar de la región en una década: 24 aviones de combate F-16 Block 70 a la estadounidense Lockheed Martin, por unos 3.500 millones de dólares, frente a las ofertas del Gripen sueco y el Rafale francés. Hasta aquí, una compra de manual para renovar una flota envejecida de Mirage 2000 y MIG-29.

Lo revelador es lo que vino después. Cuando el presidente interino, José María Balcázar, intentó frenar la operación en abril, el resultado no fue la paralización, sino una crisis: renunciaron el ministro de Defensa y el canciller, los gremios militares presionaron, el embajador estadounidense Bernie Navarro lanzó una advertencia pública —de formas que muchos en Lima juzgaron impropias— sobre el uso de “todas las herramientas disponibles” si se detectaba mala fe, y el contrato acabó firmándose con un primer pago de 462 millones de dólares. Según fuentes militares citadas por la prensa peruana, la adquisición se aceleró precisamente ante el avance electoral de la izquierda, para blindarla antes de que cambiara el gobierno.

Conviene no edulcorar el episodio: un gobierno de transición comprometiendo miles de millones del próximo mandato, bajo presión diplomática extranjera, plantea preguntas legítimas de legitimidad democrática y de formas. Pero la lección estratégica es inequívoca. En defensa, las decisiones estructurales de seguridad nacional tienden a imponerse al calendario electoral, hasta el punto de forzar la mano del Ejecutivo de turno. La continuidad no es pasividad: es una fuerza activa.

Lo que confirma el ciclo anterior

Esa lección no es nueva. El ciclo 2021-2025 ya la había anticipado, en clave económica. El gobierno de izquierda de Pedro Castillo no alteró estructuralmente el modelo: mantuvo a Julio Velarde al frente del Banco Central y no hubo estatizaciones ni ruptura de contratos de calado. Y su sucesora, Dina Boluarte —que llegó a la Presidencia por ser su fórmula vicepresidencial y acabó gobernando sostenida por una coalición parlamentaria de derecha, encabezada por el fujimorismo y Alianza para el Progreso—, tampoco lo alteró. El dato decisivo es que la rebaja del grado de inversión no llegó con Castillo, sino bajo Boluarte, y las calificadoras la atribuyeron a la fragmentación política y la debilidad fiscal, no a un giro estatista. El riesgo dominante en Perú no es ideológico: es la inestabilidad institucional, y es transversal a cualquier gobierno.

La conclusión operativa

De ahí lo que importa para quien mira Perú desde el sector. El presupuesto de Defensa para 2026 asciende a unos 9.659 millones de soles —en torno a 2.550 millones de dólares—, un 13,8% más que el año anterior, y financia tanto los F-16 como programas navales a cargo de SIMA Perú. A ello se suma un dato menos comentado: una disposición creciente del sector financiero privado a respaldar proyectos de defensa. La capacidad industrial, presupuestaria y de inversión está sobre la mesa, y crece.

Quien condiciona su posicionamiento a saber el nombre del próximo presidente llega tarde: cuando el JNE proclame en julio, la ventana de quien se preparó antes ya estará abierta. La estrategia sensata no consiste en apostar por un ganador, sino en construir protocolos válidos para ambos desenlaces y sostener la interlocución institucional —MAEC, ICEX, Casa de América— activable en cualquier sentido.

En defensa, más que en ningún otro sector, la oportunidad peruana es estructural, no coyuntural. Existe con Fujimori y existe con Sánchez. La diferencia no la marcará quién gane por 759 votos. La marcará quién haya hecho los deberes antes de saberlo.

Miriam Herrero | CEO, J&H Consulting Group. Consultora en defensa e industria estratégica.