La Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial se tramita como ley orgánica porque afecta a derechos fundamentales, lo que exige mayoría absoluta del Congreso para su aprobación. Más allá de su tramitación, la norma articula el marco nacional de supervisión: quién vigila, quién sanciona en España y cómo se coordinan las competencias entre la AESIA y otros organismos sectoriales (AEPD, Banco de España, CNMV). Lo que la ley española añade sobre el AI Act europeo — que ya es exigible — es fundamentalmente ese andamiaje institucional nacional y un régimen sancionador detallado con tramos específicos adaptados al sistema jurídico español.
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